La modificación del Reglamento General de Circulación de la DGT deja en manos de los Ayuntamientos determinar en qué calles se permitirá el paso; la medida llega tres meses y medio después del polémico intento de cerrar el centro de Gijón
La UVMPA celebra los cambios, aunque cuestiona que se otorgue tanto poder a las Administraciones locales; teme que, a la vista de los precedentes, «se pueda hacer un uso arbitrario de esa potestad» para limita el paso por ciertas vías municipales
Fue una de esas tempestades breves, pero intensas, que dejan huella en la memoria colectiva y de las que, tiempo después, se sigue hablando. A finales de mayo el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, desataba un huracán político y social al anunciar el inminente cierre del centro de la ciudad al tránsito de patinetes eléctricos, que entraría en vigor el 1 de junio, cuatro días después. Tan draconiana medida, justificada por la supuesta abundancia de infracciones cometidas por los usuarios de tales vehículos, no llegó a aplicarse; el 30 de mayo la alcaldesa y compañera del edil en Foro, Carmen Moriyón, desautorizaba a Barcia y tumbaba aquella pretensión, argumentando la necesidad de «regular», más que de «vetar». Y, ahora, es la Dirección General de Tráfico (DGT) la que ha asumido esa tarea. Su reciente modificación del Reglamento General de Circulación recoge un catálogo de normas, restricciones y medidas de seguridad para el uso de los patinetes en distintos entornos, distribuyendo las responsabilidades entre los diferentes actores. Fruto de ello, desde el 1 de octubre serán los Ayuntamientos los que decidan por qué vías podrán circular dentro de sus fronteras.
Si bien la obligatoriedad de inscribir el vehículo en un registro lleva vigente desde enero de este año, el resto de pautas destaca por su novedad. Así, a partir del mes que viene el uso de casco será obligatorio para todos los usuarios, al igual que el de chaleco reflectante cuando se transite en horas de escasa luz o nocturnas; por contra, los riders y otros profesionales que utilicen los patinetes con fines laborales deberán vestirlo siempre. Más dilatada será la entrada en vigor del deber de llevar las luces encendidas, pues se demorará hasta el 1 de octubre de 2027; con ello, se pretende dar margen a los propietarios y conductores para que homologuen sus vehículos, sin forzarles a descartar aquellos de los que disponen actualmente, al quedar solo veinte días para la aplicación del Reglamento revisado. A mayores, el límite de velocidad se mantendrá en veinticinco kilómetros por hora, y seguirá estando prohibido tanto manipular los motores y baterías, como circular por aceras y zonas peatonales, autopistas, autovías, travesías y túneles urbanos. No obstante, otra de las grandes novedades afectará a la edad: a partir del próximo mes solo se podrán recurrir al patinete si se tienen quince años o más.
«Nos preocupa que el Ayuntamiento tenga ese poder, y mucho, teniendo en cuenta aquel intento que hubo en Gijón, por la arbitrariedad que ello podría suponer»
Jennifer Fernández, presidenta de la UVMPA
Pese a haber algunas más, de carácter menor, las normas que manan de la DGT finaliza ahí… Y da paso al poder de las Administraciones inferiores para regular otros aspectos, como el abanico sancionador, la formación de su personal policial, o la designación de qué vías pueden ser admisibles para el paso de patinetes. Y precisamente esa última posibilidad, conectada con los sucesos de mayo y sobre la que el concejal Barcia no ha querido pronunciarse oficialmente, es la que escama a la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de Asturias (UVMPA). «Nos preocupa, y mucho, teniendo en cuenta aquel intento que hubo en Gijón, por la arbitrariedad que ello podría suponer», admite su presidenta, Jennifer Fernández, temerosa de que dar esa licencia a los Consistorios abra la puerta a prohibiciones sin base, ni sentido. Un miedo que algunos considerarán excesivo, tal vez, pero que se nutre de aquel precedente que pudo ser. «Es un arma que el Gobierno local podría utilizar; esa, y la falta de un catálogo de sanciones, porque aquí nos hemos encontrado conque, por la misma infracción, unos usuarios han recibido unas multas, y otros, otras», profundiza.
Los anteriores son los dos puntos más criticados de una actualización del Reglamento que, en líneas generales, «nos parece bien; aunque debería haberse hecho hace tiempo, ayudará a integrar los patinetes, a que sean aceptados como un vehículo más, y nos dará seguridad a todos». De hecho, Fernández y sus representados celebran especialmente la obligatoriedad de que los usuarios, o empresas de alquiler de patinetes, cuenten con un adecuado seguro de responsabilidad civil, algo que, «junto con lo del registro, va a ser crucial en la búsqueda de esa normalización; ante cualquier incidente, todas las partes estarán cubiertas, y eso tranquiliza y previene». En fin, un conjunto de buenas noticias que, para ser redondo, solo precisa del debido compromiso de las Administraciones locales; en este caso, de la gijonesa. «Hay que tomarse esto en serio, porque los agentes de la Policía Local ni siquiera tienen una formación específica para tratar con los patinetes y con quienes los utilizan», acota Fernández. No sorprende, pues, que tanto ella como sus compañeros de la directiva de la UVMPA tengan pendiente reunirse con los mandos del citado cuerpo, para trasladarles sus inquietudes e intentar cooperar.
Es decir, la DGT da la razón al concejal y se la quita a la alcaldesa y a la tal Jennifer. La regulación la hace la DGT y la prohibición de circular por calles los Ayuntamientos, justo lo que pretendía y defendía el concejal.