La entidad apela a la responsabilidad de los agentes sociales y políticos para aplicar la legislación sin dilaciones, y anuncia que vigilará el cumplimiento de los topes en las áreas declaradas como tales, entre las que figuran los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena
Son muchas las voces que afirman que la del momento presente es una de las sociedades españolas más polarizadas de cuantas se tiene recuerdo en las últimas décadas. Bien, sea cierto o no, existe un campo concreto en el que esa división de opiniones resulta particularmente visible… Aunque sean mayoría quienes coinciden en la existencia de un problema de base: el de la crítica situación del mercado inmobiliario. ¿Quieren un ejemplo? Observen la declaración de doce zonas de mercado residencial tensionado impulsada por el Gobierno autonómico en varios municipios asturianos, así como las muchas y variadas reacciones frente a ella, y lo comprobarán. Sin embargo, si bien hay quienes critican esa acción –el Ayuntamiento de Gijón, sin ir más lejos, que la ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)-, otras muchas voces se posicionan a favor. Entre ellas, la de la Unión de Consumidores asturiana; su presidente, Dacio Alonso, comparecía este lunes para dar su bendición a la declaración, entendida en la organización que lidera como un mecanismo sumamente eficaz para acabar con la tendencia alcista de los precios, y dar una oportunidad a las economías más humildes.
«Para nosotros, aparte de suponer un cumplimiento de la legislación, es un escudo económico imprescindible para proteger la renta disponible de los consumidores asturianos frente a la escalada inflacionista del mercado inmobiliario», sentenció Alonso, quien por sistema se ha posicionado a favor del indiscutible derecho constitucional a una vivienda digna, y en contra de las posturas especulativas que llevan años ganado terreno en el mercado en cuestión. Así, en la Unión celebran que la declaración de las zonas tensionadas -entre las que se hallan entornos especialmente condicionados por la crisis actual, como los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena, o las localidades de Llanes y Luanco- somete a los grandes tenedores al Sistema Estatal de Referencia, un condicionamiento pensado para «neutralizar prácticas abusivas» y evitar la tan temida «expulsión silenciosa de los vecinos en barrios con presión turística o residencial». Además, el hecho de que la norma contemple la solicitud de hasta tres años de prórroga, por parte de los arrendatarios, a la finalización del contrato extiende una capa extra de protección que, considera Alonso, no debe ser eliminada.
En vista de lo anterior, y mientras el debate se traslada ahora a la posible declaración de todo el municipio de Gijón como zona tensionada, en la Unión de Consumidores apelan a la responsabilidad de los agentes sociales y políticos para aplicar la legislación «sin dilaciones». Ahora bien, la suya no será una postura meramente pasiva. Alonso advertía ayer de que tanto él como sus compañeros de la Unión vigilarán el cumplimiento de los topes en las áreas declaradas en tensión, y prestarán asesoramiento jurídico a los inquilinos ante posibles irregularidades, fraudes u otros comportamientos ilegales.
