El inquilino necesita seguridad y protección, pero el propietario también necesita seguridad jurídica y garantías de que, si cumple sus obligaciones, podrá disponer de su vivienda cuando corresponda
Este viernes el Congreso debatirá las nuevas medidas del Gobierno en materia de vivienda y alquiler. Y desde el sector inmobiliario creo que debemos decir claramente que no compartimos este camino.
Entiendo perfectamente el objetivo: facilitar el acceso a la vivienda y proteger a las familias que tienen dificultades para acceder a un alquiler. Es un problema real y urgente. Pero proteger al inquilino no puede significar desproteger al propietario.
Las nuevas medidas introducen más obligaciones, más incertidumbre y nuevas limitaciones en la relación entre propietarios e inquilinos. Y deberíamos hacernos una pregunta muy sencilla: ¿qué efecto tendrá todo esto sobre quienes todavía están dispuestos a poner una vivienda en alquiler?
Porque el propietario tiene alternativas. Puede vender, mantener la vivienda vacía o destinarla a otro uso. Y si cada vez son menos los propietarios que quieren alquilar, tendremos menos oferta y, previsiblemente, más dificultades para acceder a una vivienda.
Además, no podemos olvidar que detrás de muchas viviendas en alquiler no hay grandes fondos de inversión, sino familias que han heredado una vivienda, pequeños ahorradores o personas que han invertido sus ahorros pensando en complementar su jubilación.
Necesitamos equilibrio. El inquilino necesita seguridad y protección, pero el propietario también necesita seguridad jurídica y garantías de que, si cumple sus obligaciones, podrá disponer de su vivienda cuando corresponda.
Desde Asturias lo vemos todos los días. Hay jóvenes que necesitan alquilar, familias que buscan una vivienda y propietarios que podrían poner sus inmuebles en el mercado, pero que cada vez tienen más dudas.
Por eso creo que debemos cambiar el enfoque.
El problema de la vivienda no se solucionará cargando más responsabilidad sobre el propietario particular.
Necesitamos más vivienda pública y asequible, más suelo, agilidad en las licencias, rehabilitación, colaboración entre Administraciones y, sobre todo, medidas que hagan que poner una vivienda en alquiler vuelva a ser una decisión segura.
La solución no puede consistir en enfrentar a propietarios e inquilinos. Ambos son necesarios para que exista un mercado de alquiler.
Como profesionales inmobiliarios seguiremos defendiendo el acceso a la vivienda, pero también la seguridad jurídica y el equilibrio entre las partes.
Porque si queremos que haya más viviendas en alquiler, tenemos que conseguir que alquilar sea una opción razonable y segura tanto para quien alquila como para quien pone su vivienda en el mercado.
Katia Domingo es presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.