La vivienda en Gijón: atrapada entre la escasez y el interés electoral de la izquierda

El relato es tan cómodo como interesado: convertir al propietario en sospechoso, al inversor en enemigo y al mercado en el villano de una historia en la que la izquierda se reserva, naturalmente, el papel de salvadora

Según el discurso que estos días enarbolan el consejero del Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, y buena parte de la izquierda asturiana, explicar la crisis de la vivienda parece tan sencillo como encontrar un culpable conveniente: los especuladores. Una legión de desaprensivos que, movidos por una supuesta voracidad sin límites, se dedicarían a hacer negocio con una necesidad básica. El relato es tan cómodo como interesado: convertir al propietario en sospechoso, al inversor en enemigo y al mercado en el villano de una historia en la que la izquierda se reserva, naturalmente, el papel de salvadora.

El problema es que entre el eslogan y la realidad hay algo bastante más incómodo: la vivienda no se encarece porque exista una conspiración de especuladores sino porque durante años hemos construido muy por debajo de las necesidades de una población que ha seguido creciendo y concentrándose en las grandes ciudades y áreas con mayor actividad económica.

España pasó de construir a un ritmo extraordinario durante la burbuja inmobiliaria a prácticamente desmantelar su capacidad constructora tras el estallido de 2008. Durante años aquello parecía incluso una virtud: había un enorme stock de vivienda sin vender y la ausencia de nueva edificación contribuyó a mantener los precios relativamente contenidos. Pero ese stock no era infinito.

Y ese colchón se ha ido agotando al mismo tiempo que se acumulaban nuevos obstáculos para aumentar de nuevo la oferta. Se ha perdido buena parte de la mano de obra cualificada necesaria para construir; las nuevas exigencias técnicas y medioambientales han incrementado los costes; los procedimientos administrativos continúan siendo largos y complejos; y, mientras tanto, la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanísticos no ha avanzado al ritmo necesario.

A todo ello se suma un factor que resulta imposible ignorar: la población ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, impulsada en buena medida por la llegada descontrolada de millones de inmigrantes —hasta cuatro desde que Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno—. Más población significa más hogares y, por tanto, una mayor necesidad de vivienda.

Cuando la demanda crece con rapidez mientras la oferta apenas aumenta, los precios se incrementan y cada vez más familias encuentran dificultades para poder hacer frente a la compra. Quienes quedan fuera de la propiedad no desaparecen: necesitan un lugar donde vivir y se incorporan al mercado del alquiler. De este modo, la misma falta de oferta termina generando una segunda presión, esta vez sobre los alquileres. No hay ningún misterio detrás de ello; es, sencillamente, la ley de la oferta y la demanda.

Ante algo tan evidente, ¿qué hace la izquierda en Gijón? Justo lo contrario de lo que debería hacer. En lugar de facilitar que se construya más, torpedea o ralentiza los nuevos desarrollos urbanísticos destinados precisamente a aumentar la oferta, como el Plan Llave o EcoJove. Porque, para ellos, apuntalar el relato de los especuladores y tratar de obtener réditos electorales resulta mucho más urgente que asumir la responsabilidad de poner más vivienda en el mercado.

Pero la paradoja no termina ahí. La política que Zapico impulsa en el mercado del alquiler resulta igualmente nefasta. La declaración de Cimadevilla y La Arena como zonas tensionadas —una medida que pretende extender al conjunto de la ciudad— y la intervención sobre los precios introducen más incertidumbre e inseguridad jurídica. Y eso, inevitablemente, va a disuadir a muchos propietarios de mantener sus viviendas en el mercado, llevándoles a no alquilarlas o a destinarlas a otros usos. No hablamos, además, de una hipótesis teórica: las consecuencias de políticas similares ya se han hecho visibles en otros territorios, como Cataluña o el País Vasco.

La vivienda, en definitiva, no necesita más enemigos imaginarios ni más eslóganes electorales. Necesita suelo disponible, seguridad jurídica, menos burocracia y, sobre todo, más stock. Hay que impulsar la vivienda pública, por supuesto, pero también facilitar que el sector privado pueda aumentar la oferta sin convertir cada nuevo desarrollo en una batalla política y administrativa. Y no se puede pretender resolver el problema de la escasez de inmuebles en alquiler estigmatizando precisamente a quienes pueden contribuir a ampliar esa oferta: los propietarios.

La izquierda gijonesa y asturiana debe decidir si quiere trabajar para solucionar el problema o hacer campaña explotándolo. Porque señalar al propietario, demonizar al inversor y culpar a los constructores puede proporcionar titulares fáciles y réditos electorales, pero no construye una sola vivienda. Y sin ellas, desde luego, no habrá solución a la grave crisis que padecemos.